Cada vez es más constante la promoción del consumo de aceite de oliva virgen extra como el verdadero zumo de aceituna que es, por sus propiedades nutricionales y organolépticas, y también aumenta el número de personas que se decantan por consumir el denominado AOVE (por sus siglas) pagando un precio más elevado, precisamente por su calidad. Pero algunos siguen dando gato por liebre… y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente lo sabe.
El pasado viernes se publicaba una noticia en el eldiario.es sobre el fraude del aceite de oliva detectado por el Gobierno español, y se acompañaba de la carta de la Dirección General de la Industria Agroalimentaria dirigida a las entidades competentes de las distintas Comunidades Autónomas. En esta carta se explica a los gobiernos regionales que tras la realización de análisis para la valoración de las cualidades organolépticas de los aceites de oliva vírgenes que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad realiza en el ámbito de sus competencias de control oficial en consumo, se han encontrado con resultados en los que no coinciden los parámetros analíticos con la categoría en la que clasifican los aceites los paneles de catadores.
Por lo tanto, instan a los organismos competentes regionales a que extremen las precauciones y promuevan que en el muestreo se adopten medidas y sistemas de precintado que eviten la manipulación de las muestras. En eldiario.es explican cómo se realiza: ‘Al inicio del proceso de producción de un lote de aceite los inspectores toman unas muestras para su análisis, que determinarán la calidad del producto. Una muestra que se precinta. Esos precintos no pueden ser manipulados por nadie y es lo que estarían haciendo los defraudadores. Abren, meten en una de las catas aceite mejor y lo envían a la Administración para un contraanálisis que sale, obviamente, de mejor calidad, según explican fuentes del sector conocedoras de los procesos.’
En la carta podréis ver que se habla del análisis de las tres muestras, y es que por norma general, los inspectores toman tres muestras para el análisis del aceite que en principio cataloga y etiqueta la almazara que lo produce. Estas muestras se precintan, dos de ellas las custodia la Administración, y la tercera puede quedar en manos de la empresa productora, o también de la Administración, depende de la Comunidad Autónoma.
Una de estas muestras se lleva a analizar al laboratorio oficial de referencia, cada Comunidad tiene uno, donde se somete a una cata realizada por un panel de expertos, y a un análisis físico-químico de su composición. Puede suceder que en el laboratorio no se obtengan los resultados que esperaba la almazara, es decir, que alcance los valores de un aceite de oliva virgen, cuando lo que pretendía la almazara era un virgen extra.
A veces se ha hablado de la mala conservación de las muestras como causante de la calidad inferior a la etiquetada, recordemos el caso del que os hablamos en el año 2011. En cualquier caso, si el productor no está de acuerdo con el resultado del laboratorio, puede solicitar un contraanálisis, que se realiza con la segunda de las muestras, además puede elegir el laboratorio oficial o autorizado que desee.
Es la propia productora del aceite la que hace llegar la muestra al laboratorio, y es aquí donde la Administración sospecha de que el productor ha roto el precinto y ha cambiado la muestra para obtener los resultados del análisis que desea para vender su aceite. Cuando en un contraanálisis el resultado coincide con el primer análisis, se termina el proceso, pero si no coincide se procede a tomar la tercera muestra para realizar el último análisis. Este se conoce como ‘dirimente’, mientras que el segundo se denomina ‘contradictorio’.
Con esto ya podemos entender mejor la carta del Ministerio firmada por Fernando J. Burgaz, en la que casi directamente se acusa al productor de fraude, afirmando que ‘en todos los casos descubiertos hasta el momento, las muestras en poder de la Administración han proporcionado los mismos resultados analíticos, mientras que éstos han sido diferentes en la muestra en poder del administrado (es decir, el productor)’.
De nuevo nos encontramos con pruebas de que se está defraudando al consumidor con el aceite de oliva virgen extra, y aunque no es un problema que afecte a la salud, sí afecta al bolsillo, y a la confianza, pues el aceite de oliva virgen extra tiene un precio superior al aceite de oliva virgen, y mejores cualidades nutricionales y organolépticas, claro. Y el ser humano ya es bastante desconfiado, como para encima saber que cada dos por tres nos están dando gato por liebre.
¿Y qué hace la Administración al respecto?, pues de momento parece ser que callar, ni el Ministerio de Agricultura ni el de Sanidad han realizado ninguna declaración pública, ni se ha comunicado el alcance de este fraude al consumidor, ni qué productora de aceite es la responsable de este fraude… y esto afecta a todo el sector, pues a los consumidores no nos gusta pagar más de lo que vale un producto, y al no conocer quién es el supuesto ‘estafador’, se duda de todos.
Y esto no sólo sucede en España, por ello, la Unión Europea lanzó una convocatoria de proyectos en el marco del Horizonte 2020, para detectar fraudes, en este caso para verificar la autenticidad y calidad de los aceites, porque como comentábamos, estas noticias no afectan sólo a un productor o a un país, sino a todo un sector. Así pues, el proyecto Oleum del Instituto de la Grasa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha recibido 606.000 euros de fondos de la Unión Europea para investigar contra el fraude del aceite de oliva, verificar su calidad, crear una red de información fiable, y preservar la imagen del producto a nivel global.
El proyecto Oleum, según informa el Instituto de la Grasa, realizará actividades de investigación basadas en el desarrollo de métodos mejorados con el objetivo de detectar nuevos marcadores del proceso de desodorización del aceite, encontrar mezclas ilegales de aceite de oliva y otros aceites vegetales, controlar la calidad, mejorar la evaluación organoléptica, transferir conocimiento y tecnología… si queréis conocer más detalles al respecto, podéis acceder a este documento del IG (Pdf).
Hace un par de días la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) dio a conocer su exigencia al Gobierno de que se hagan públicos los nombres de las marcas con los aceites afectados, que se pongan más controles y sanciones ejemplarizantes. Veremos en qué queda todo…
Foto | Flavio
