El Ministro de Alimentos de Bangladés quiere que en su país la alimentación sea más segura y, por ello, propone castigar con extrema dureza la adulteración de los alimentos, considerando que quienes realizan este tipo de prácticas son enemigos del país, por lo que habla de introducir cadena perpetua y pena capital como castigo. Sin duda, es una medida dura, más de un defraudador se lo pensará dos veces antes de cometer este tipo de delitos, quizá es necesario aplicar medidas más contundentes, pero ¿no es excesiva la propuesta?
El Gobierno del país, con la propuesta planea modificar la actual Ley de Seguridad Alimentaria de 2013, como una forma de frenar la adulteración de los alimentos y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esta propuesta del Ministro de Alimentos de Bangladés no es una novedad, el año pasado en un estado de la India se propuso la introducción de la cadena perpetua para el delito de adulteración alimentaria, claro, que dado el volumen de fraude existente, es lógico que se quieran tomar medidas más contundentes para frenarlo, porque las actuales no parecen asustar a los defraudadores.
Recordemos que en la India, la mayoría de la leche y los productos lácteos están adulterados, nada menos que un 68’7% de los productos lácteos contienen aceites, detergentes, glucosa, pintura blanca, etc., algunos de los adulterantes son peligrosos para los seres humanos y pueden causar daños irreversibles e incluso la muerte. Este es un ejemplo de muchos que demuestran el elevado grado de inseguridad alimentaria existente en este país, dado que Bangladés es un país cuyo territorio se encuentra rodeado casi por completo por la India, no es de extrañar que sufra, como mínimo, el mismo nivel de fraude y adulteración con la leche y los productos lácteos.
Las amenazas a la seguridad alimentaria en Bangladés incluyen la presencia de arsénico en los alimentos, productos elaborados que contienen materias primas transgénicas sin declarar, contaminantes ambientales y la adulteración de los alimentos llevada a cabo por personas sin escrúpulos en toda la cadena alimentaria, producción agrícola, producción industrial, comercialización y venta ambulante, que persiguen el mayor beneficio económico. A esto se suma que numerosas empresas producen, procesan y preparan alimentos en entornos nada higiénicos, se utilizan conservantes como el formaldehído en frutas, pescado y otros productos, sustancia que ha sido considerada como un carcinógeno confirmado para humanos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.
No es de extrañar que se haya decidido adoptar medidas tan contundentes, la lista de malas prácticas con los alimentos es extensa, otro ejemplo que se puede citar es el uso de dicloro difenil tricloroetano o DDT, compuesto organoclorado de los insecticidas que se usa sin ningún tipo de restricción en el pescado seco, a pesar de que puede causar problemas graves de salud. Se utilizan tintes textiles como colorantes alimentarios, se utilizan gallinas muertas por enfermedades peligrosas para preparar sopas, se comercializan bebidas y alimentos con fecha de caducidad sobrepasada, y así un largo etcétera.
Por tanto, para detener esta situación se aumenta el nivel de castigo de una forma significativa para aquellos que mediante la adulteración de los alimentos se han convertido en enemigos del país y están llevando a cabo un crimen contra la humanidad. En la actualidad existen 15 leyes de seguridad alimentaria que podéis conocer aquí, pero parece que de poco han servido y ofrecen una protección limitada.
Volviendo a la adulteración de la leche y los productos lácteos, según explican en este artículo, el problema ha sido extremadamente grave, el pasado mes de febrero el Tribunal Superior ordenó a las autoridades nacionales de seguridad alimentaria que presentaran un informe sobre el problema, pidió explicaciones de la inacción y al fracaso de la prevención de la adulteración, así como la adopción de medidas legislativas oportunas. Este informe no contenía ninguna identificación de quienes adulteraban alimentos, por lo que se solicitó un informe más detallado antes de que acabase el presente mes de junio. En el nuevo informe si se proporcionó una lista de empresas que llevaban a cabo prácticas de adulteración.
En definitiva, si la legislación propuesta con penas de cadena perpetua y pena capital para quienes adulteran los alimentos y juegan con la vida de los ciudadanos sale adelante, es probable que la actual situación cambie. En el lado opuesto encontramos legislaciones como la de la UE, que no castigan con severidad estos delitos contra la salud pública, no es de extrañar que el fraude y los escándalos alimentarios aumenten año tras año, quizá es necesario aumentar las penas contra este tipo de delitos.
Foto 1 | WILL POWER
Foto 2 | Suchitra Photography
1 comentarios
Que maravilla, a ver cuando se aplica aqui